Quintana Roo está inmerso en una encrucijada que, si bien no es nueva, cada vez resulta más visible: ¿hasta dónde podemos apostar por el desarrollo turístico y habitacional sin hipotecar el medio ambiente?
Dos casos recientes lo ilustran con crudeza. La naviera Royal Caribbean lanzó al Caribe su barco más grande, el Stars of the Seas, con la mira puesta en Perfect Day México, un parque acuático exclusivo en Mahahual que promete millones de dólares en inversión y miles de empleos. La empresa compró puerto y terrenos por más de 220 millones de dólares y presume compromisos de sustentabilidad como energías limpias, tratamiento de aguas y conservación de la mitad del predio.
Pero los ambientalistas no se tragan el anzuelo: advierten riesgos sobre manglares, arrecifes y especies en peligro, recordando los pecados de la industria naviera. Más de 200 mil firmas en Change.org exigen frenar el proyecto. Aquí la pregunta no es si Mahahual quiere empleo o no, sino si la Semarnat y la Profepa harán valer la ley ambiental frente a la presión de los inversionistas.
Mientras tanto, en Tulum, un juez federal ordenó la demolición del proyecto inmobiliario Adamar, que avanzaba en la Bahía Solimán sin autorización ambiental y dañando dunas y hábitats de tortuga marina. La sentencia obliga a Profepa a ejecutar la demolición y restaurar el ecosistema, reafirmando que el artículo 4° constitucional sobre el derecho a un medio ambiente sano puede aplicarse con todo rigor, aun si los inversionistas pierden millones.
El contraste es revelador: en Mahahual, la promesa de la derrama económica sigue enfrentada al escrutinio ambiental; en Tulum, la justicia federal hizo valer principios y tumbó ladrillos. Dos caras de una misma moneda: la necesidad de inversión frente a la obligación de preservar lo que hace único a Quintana Roo.
El dilema es claro: el estado no puede ni debe quedar como árbitro de conflictos donde la responsabilidad primaria recae en las instituciones federales que regulan, supervisan y sancionan. La Semarnat y la Profepa son las que deben definir reglas claras y estrictas, antes de que la caja registradora empiece a sonar sin que nadie vigile el costo ambiental.
AQUÍ EN CORTO…
El descarrilamiento del Tren Maya en Izamal, Yucatán, hace dos semanas, llegó como recordatorio de que los megaproyectos no son indestructibles. Apenas días antes, la presidenta Sheinbaum anunciaba con entusiasmo la extensión del tren hacia Belice y Guatemala, pero un “percance” en plena vía —tras años de advertencias de ambientalistas sobre cavernas y mantos acuíferos— pone en duda la viabilidad de exportar un modelo que en casa marcha con frenos de emergencia aplicados.
El Tren Maya opera con bajos ingresos y bajo la constante sombra de sus impactos ambientales. La pregunta es si un proyecto que arranca con tropiezos puede convertirse en emblema de integración regional, o si terminará siendo otro recordatorio de que, cuando la federación da prioridad a la prisa sobre la planeación y al negocio sobre la naturaleza, la factura no tarda en cobrarse.
