En un paso decisivo hacia la modernización administrativa y la construcción de un gobierno más eficiente, transparente y centrado en la ciudadanía, la diputada Euterpe Gutiérrez Valasis y el diputado Jorge Sanén Cervantes presentaron una iniciativa que busca erradicar el exceso de burocracia y armonizar la legislación local con la reciente reforma constitucional federal en materia de simplificación y digitalización de trámites.
La propuesta representa uno de los esfuerzos más contundentes de la XVIII Legislatura del Estado en favor de la justicia social, al replantear completamente el tercer párrafo del artículo 10 de la Constitución de Quintana Roo. Con ello, se busca que las autoridades de todos los órdenes de gobierno incorporen políticas públicas orientadas a simplificar procesos, reducir tiempos, evitar duplicidades y garantizar que la tecnología sea una herramienta para fortalecer los derechos ciudadanos y no un obstáculo.
Desde la tribuna, Jorge Sanén, coordinador del Grupo Legislativo de morena, subrayó que esta iniciativa responde a un mandato ético de la Cuarta Transformación: colocar al pueblo en el centro de las decisiones y combatir las prácticas que fomentan corrupción, opacidad o trámites innecesarios que afectan directamente a las familias, a los sectores productivos y a la inversión en el estado.
“El exceso de burocracia ha sido históricamente un freno para el desarrollo y una puerta abierta a la corrupción. Hoy podemos decir con claridad que la Legislatura de la Justicia Social escucha, acompaña y legisla para combatir estos obstáculos, modernizar al Estado y garantizar que los trámites sean simples, accesibles y confiables para todas y todos”, afirmó el legislador.
La iniciativa contempla que las instituciones de gobierno implementen políticas de simplificación administrativa, digitalización de trámites y servicios, buenas prácticas regulatorias, desarrollo de capacidades tecnológicas públicas y cualquier otro objetivo que establezca la ley correspondiente. Esto permitirá consolidar una estructura administrativa más moderna, ordenada y enfocada en resultados, con beneficios tangibles para la ciudadanía.
De acuerdo con la diputada Euterpe Gutiérrez, la propuesta responde a una necesidad urgente de armonización jurídica, pero también a un reclamo ciudadano que exige más eficiencia, menos trámites y mayor transparencia. Señaló que durante años se toleraron procesos lentos, confusos y carentes de supervisión que afectaron a sectores clave como la actividad empresarial, la apertura de negocios, el acceso a programas públicos y la gestión de documentos oficiales.
El planteamiento legislativo sostiene que, al establecer estas obligaciones de manera constitucional, Quintana Roo se coloca en la ruta hacia una administración pública ágil, moderna y alineada con los desafíos tecnológicos actuales. Esto incluye, por ejemplo, la creación de plataformas digitales confiables, la mejora de los sistemas de atención en línea, la interconexión entre dependencias y la reducción de requisitos que tradicionalmente han retrasado la resolución de trámites esenciales.
Durante la presentación, Jorge Sanén recordó que la Cuarta Transformación ha impulsado en todo el país una nueva cultura administrativa, basada en la transparencia, la digitalización y la participación ciudadana. Destacó que este tipo de reformas permiten que los gobiernos trabajen de la mano con la tecnología para simplificar procesos, garantizar el acceso equitativo a los servicios públicos y crear condiciones más propicias para el desarrollo económico y social.
Asimismo, señaló que esta reforma detonará mejoras significativas tanto para la ciudadanía como para los sectores productivos, al generar un entorno más ordenado, confiable y eficiente. “Si queremos un Quintana Roo competitivo, debemos tener un gobierno que responda a la altura, que sea rápido, eficiente y transparente. Esta iniciativa es un paso firme hacia ese objetivo”, agregó.
Con esta propuesta, el Congreso de Quintana Roo reafirma su compromiso con el fortalecimiento institucional y la justicia social. La modernización administrativa se convierte así en un eje estratégico para combatir la corrupción, promover la equidad y garantizar que los recursos públicos se utilicen de forma responsable.
La iniciativa será turnada a comisiones para su análisis detallado, donde se espera la participación de especialistas, académicos, organizaciones civiles y representantes del sector productivo. La expectativa es construir un dictamen sólido que cuente con el respaldo amplio de los grupos parlamentarios y que permita avanzar hacia un marco legal más moderno, justo y funcional.
En los próximos meses, la XVIII Legislatura continuará impulsando reformas que consoliden la transformación pública del estado. De aprobarse, esta iniciativa marcará un precedente para el diseño de políticas digitales, optimización de servicios y eliminación de prácticas que históricamente han afectado a las y los quintanarroenses.
