En el papel, el Puente Nichupté avanza entre trabes, acero y pilotes. En la realidad política, también navega entre tentaciones, rumores y jaloneos de poder. Porque una cosa es construir una obra monumental… y otra muy distinta, intentar convertirla en un negocio.
Recientemente se confirmaron dos noticias que sacudieron el tablero: una, que el puente no abrirá en diciembre sino hasta enero de 2026; y dos, que —pese a ciertos coqueteos desde el centro— no será de cuota. Lo primero es retraso técnico; lo segundo es un freno político con nombre y apellido.
Durante una gira de supervisión, el secretario federal de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, Jesús Antonio Esteva Medina, dejó escapar una palabra que nunca debió pronunciar: peaje. No fue un chisme de redes, no fue una filtración anónima. Fue un comentario oficial que encendió las alarmas en Quintana Roo.
Y cuando un secretario federal sugiere tarifas en una obra que nació gratuita, no hay casualidades: o alguien anda mal informado… o alguien anda midiendo el terreno para convertir la infraestructura pública en caja registradora.
Ahí fue donde la gobernadora Mara Lezama se metió de lleno. Sin estridencias, sin pleitos mediáticos, pero con firmeza absoluta, se reunió con Esteva en CDMX y dejó un mensaje claro y sin ambigüedades: el Puente Nichupté es y seguirá siendo gratuito. Sin cuotas, sin cobros, sin peajes.
Y no es un detalle menor. Ese puente no fue concebido como un lujo turístico, sino como una arteria laboral, por donde circularán miles de trabajadores todos los días. Convertirlo en un cobro obligatorio habría sido un golpe directo al bolsillo de quienes sostienen la industria turística desde abajo.
Además —no se pierde de vista— la gratuidad no es ocurrencia reciente. Ese compromiso lo dejó plasmado Andrés Manuel López Obrador desde 2022, y fue retomado después por Claudia Sheinbaum. Lo nuevo no fue la postura local… Lo nuevo fue la tentación central de meter mano a la caja.
Aquí no hubo rectificaciones forzadas ni volantazos políticos. La gobernadora sostuvo la línea original, defendió la palabra presidencial y, de paso, le puso un alto a una idea que pudo haber derivado en un conflicto social mayúsculo en Cancún.
Porque el puente puede tardar un mes más en entregarse, pero lo que no se negocia es su gratuidad.
En política, cuando un secretario se adelanta a la línea de una presidenta o de una gobernadora, solo hay dos opciones: o no está enterado… o está tanteando un negocio. Y ambas son peligrosas.
Esta vez, desde Quintana Roo, el mensaje fue seco: el Puente Nichupté no se cobra. Porque cuando la infraestructura pública empieza a verse como botín, el problema ya no es técnico… es político.
