María Elena Martínez Robles, ex presidenta municipal de Amanalco, fue declarada culpable del delito de homicidio calificado, tras comprobarse que ordenó el asesinato del síndico municipal y de su chofer, hechos ocurridos el 25 de enero de 2023. La sentencia fue dictada por un tribunal con sede en Toluca, luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) presentara pruebas suficientes para acreditar su responsabilidad penal.
De acuerdo con la investigación ministerial, la entonces alcaldesa instruyó al síndico municipal a acudir a una zona considerada de alto riesgo, donde fue privado de la vida junto con su conductor. Las indagatorias establecieron que la orden se dio con conocimiento del peligro que implicaba el desplazamiento, así como con vínculos directos con integrantes del crimen organizado que ejecutaron el ataque.
Investigación y pruebas clave del caso
La FGJEM informó que la sentencia es resultado de una investigación exhaustiva, en la que se integraron testimonios, registros de comunicación y análisis de contexto que permitieron reconstruir la cadena de mando detrás del crimen.
Las autoridades acreditaron que la ex funcionaria utilizó su posición de poder para planear el homicidio, valiéndose de intermediarios y de la participación de un grupo delictivo con presencia en la región sur del Estado de México. El tribunal consideró que existió premeditación y ventaja, elementos que configuraron el delito de homicidio calificado.
Operación “Enjambre” y combate a la corrupción
El caso se enmarca en la Operación “Enjambre”, una estrategia de la fiscalía estatal orientada a desarticular redes de corrupción y colusión entre autoridades municipales y el crimen organizado. Según la FGJEM, esta acción busca enviar un mensaje claro de que los delitos cometidos desde el poder público no quedarán impunes.
La dependencia subrayó que el proceso judicial se llevó a cabo con apego al debido proceso y respeto a los derechos humanos, al tiempo que destacó la colaboración interinstitucional para lograr la sentencia condenatoria.
“Las pruebas presentadas permitieron demostrar que la hoy sentenciada ordenó de manera directa la privación de la vida del síndico municipal y su chofer, utilizando a terceros vinculados con actividades criminales”, señaló la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en un comunicado.
Impacto político y social del fallo
La resolución judicial ha generado un fuerte impacto en la región, al tratarse de un caso que evidencia el nivel de infiltración del crimen organizado en gobiernos locales. Analistas en seguridad y gobernanza consideran que el fallo sienta un precedente relevante para el combate a la impunidad en delitos de alto impacto cometidos por servidores públicos.
Asimismo, organizaciones civiles destacaron la importancia de fortalecer los mecanismos de control y supervisión en los municipios, particularmente en zonas con alta presencia de grupos delictivos, para evitar que cargos públicos sean utilizados como instrumentos de violencia.
