La directora del Centro de Arbitraje y Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias del Poder Judicial de Quintana Roo, Mariana Dávila, encabeza uno de los proyectos más innovadores en materia de justicia: un modelo que permite resolver conflictos mediante arbitraje, mediación, conciliación y procesos colaborativos, sin necesidad de pasar por los juicios tradicionales.
En entrevista con Periódico Espacio, explica cómo esta iniciativa —impulsada por el presidente del Tribunal, Heyden Cebada— busca acercar al ciudadano una justicia más rápida, menos costosa y con plena validez legal.
“Cuando apostamos por el diálogo, se fortalece la justicia. Estos mecanismos ofrecen soluciones más rápidas, menos desgastantes y con certeza jurídica.”
—¿Cómo surge el Centro de Arbitraje y cuál es su objetivo principal?
El Centro de Arbitraje y Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias se creó en junio de este año por iniciativa del presidente Heyden Cebada y del entonces Consejo de la Judicatura. Su objetivo es ofrecer otra forma de acceder a la justicia, mediante mecanismos que permiten resolver conflictos de manera pacífica y voluntaria, sin necesidad de iniciar un juicio largo y costoso.
Estos mecanismos —arbitraje, mediación, conciliación y procesos colaborativos— se desarrollan en un entorno que brinda soporte técnico, administrativo y jurídico, garantizando transparencia y legalidad. Con ello, el Poder Judicial cumple uno de sus ejes centrales: fomentar la cultura de la paz.
“Buscamos que la ciudadanía tenga una alternativa real al juicio tradicional, donde pueda resolver sus conflictos en menos tiempo y con total seguridad jurídica.”
—¿En qué consisten estos mecanismos alternativos y cuál es la diferencia entre ellos?
En la mediación, un tercero imparcial —el mediador— facilita la comunicación entre las partes para que lleguen a un acuerdo. No juzga ni impone decisiones; su papel es ayudar a que las personas se escuchen y encuentren una solución amigable.
En la conciliación, el conciliador también promueve el diálogo, pero puede proponer alternativas concretas.
En los procesos colaborativos, ambas partes participan acompañadas de sus abogados, y juntos construyen un acuerdo que tiene validez legal.
Por último, el arbitraje es un proceso más formal: las partes acuerdan someter su controversia a uno o varios árbitros, quienes escuchan los argumentos, valoran las pruebas y emiten un laudo, que tiene el mismo valor que una sentencia judicial.
“El arbitraje es un juicio más ágil, con la garantía de que el resultado será reconocido por el Poder Judicial.”
—¿Qué ventajas ofrecen estos métodos frente a un juicio tradicional?
La principal ventaja es el tiempo. Mientras un juicio puede tardar varios años, una mediación puede resolverse en tres sesiones y un arbitraje en menos de un año. Además, el procedimiento es confidencial, menos costoso y evita el desgaste emocional que generan los litigios prolongados.
Otro punto importante es que los convenios alcanzados ante un mediador certificado por el Poder Judicial pueden elevarse a cosa juzgada, lo que les da fuerza legal definitiva.
“Solo el Poder Judicial puede certificar a los mediadores y garantizar que los convenios tengan validez jurídica plena.”
—¿Qué tipo de casos pueden someterse a estos mecanismos?
La mediación puede aplicarse en temas familiares, como custodia, pensión alimenticia o convivencia, así como en delitos no dolosos, por ejemplo, fraudes o lesiones leves.
El arbitraje, en cambio, se enfoca principalmente en materias comerciales y civiles, como contratos, arrendamientos, herencias, inmuebles o disputas entre empresas.
“La clave es la voluntad de las partes. Si ambas están dispuestas al diálogo, el resultado siempre será positivo.”
—¿Estos procesos tienen algún costo y cuánto tiempo toman?
Sí, especialmente el arbitraje, que implica el pago de una tarifa administrativa y los honorarios del árbitro. Los costos dependen del valor del asunto; no es lo mismo arbitrar un caso de 300 mil pesos que uno de un millón.
Los procedimientos de mediación o conciliación son mucho más accesibles y, en muchos casos, gratuitos. En promedio, una mediación puede resolverse en semanas, y un arbitraje tarda alrededor de un año, dependiendo de la complejidad del caso.
—¿Quiénes pueden certificarse como mediadores o árbitros?
Solo el Poder Judicial de Quintana Roo tiene la facultad de certificar mediadores y abogados colaborativos. La convocatoria incluye más de 120 horas de formación, con temas de derecho, teoría del conflicto, comunicación, ética y psicología.
Además, el Centro establecerá convenios con instituciones arbitrales nacionales e internacionales, como CAM, ICC y CANACO, para integrar un padrón de árbitros especializados mientras se forman los propios en el estado.
“Queremos contar con mediadores y árbitros altamente capacitados, avalados por el Poder Judicial, para brindar total confianza a la ciudadanía.”
—Sabemos que en noviembre realizarán un importante taller internacional. ¿De qué se trata?
Así es. El Poder Judicial de Quintana Roo, junto con el Centro Internacional de Mediadores de Singapur, organiza el Taller de Mediación Internacional los días 6 y 7 de noviembre, de 9:00 a 18:00 horas.
Estarán presentes dos reconocidos mediadores internacionales que participaron en la Convención de Singapur, un instrumento jurídico que fortalece la mediación a nivel mundial.
Los participantes recibirán herramientas y habilidades para mediar y comunicarse eficazmente, además de poder formar parte del panel internacional de mediadores de Singapur. El taller está dirigido a profesionistas del derecho y del sector empresarial.
“Será una gran oportunidad para adquirir conocimientos internacionales y fortalecer la mediación en nuestro estado.”
—¿Cuándo comenzará a operar plenamente el Centro de Arbitraje?
Actualmente estamos en la fase de consolidación operativa: elaborando planes de trabajo, procesos de certificación y convenios institucionales. Muy pronto abriremos las puertas para recibir los primeros casos.
