El presidente Donald Trump reafirmó esta semana su determinación de mantener e intensificar la presión política y económica sobre Venezuela, al señalar que su administración continuará actuando hasta que se restituyan a Estados Unidos activos petroleros y patrimoniales que, a su juicio, fueron indebidamente expropiados.
Trump declaró que las medidas se mantendrán “hasta el momento en que devuelvan a Estados Unidos de América todo el petróleo, la tierra y otros activos que nos robaron anteriormente”, colocando nuevamente al sector energético en el centro de la relación bilateral con el gobierno de Nicolás Maduro, al que Washington no reconoce.
El petróleo como eje estratégico
En los últimos días, la administración estadounidense ordenó el bloqueo total de petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela, una acción que refuerza su estrategia de presión económica. Con ello, el petróleo y el combate al narcotráfico se consolidan como pilares centrales de la política exterior estadounidense hacia Caracas.
Trump también afirmó que el actual liderazgo venezolano enfrenta un escenario cada vez más limitado, en el marco de lo que considera una ofensiva contra redes criminales y actividades ilícitas vinculadas al Estado venezolano.
El argumento histórico de la nacionalización
Aunque Estados Unidos y Venezuela no han sostenido disputas territoriales formales, el argumento expuesto por Trump se remonta a la nacionalización de la industria petrolera venezolana, ocurrida el 1 de enero de 1976, proceso que está por cumplir 50 años.
Desde la óptica de la administración estadounidense, la nacionalización implicó la expropiación de inversiones y activos desarrollados con capital, tecnología y conocimiento de empresas estadounidenses, que durante décadas fueron actores clave en el sector energético venezolano.
Stephen Miller, uno de los principales asesores de Trump, sostuvo que el trabajo, la innovación y la inversión estadounidenses fueron fundamentales para crear la industria petrolera de Venezuela, y calificó la expropiación como una pérdida significativa para los intereses económicos de Estados Unidos.
Breve contexto del petróleo venezolano
La historia petrolera de Venezuela comenzó a gran escala en 1922, cuando se descubrieron importantes yacimientos en la cuenca del Lago de Maracaibo. Durante las décadas siguientes, empresas extranjeras —principalmente estadounidenses y europeas— dominaron la producción.
Para finales de la década de 1920, Venezuela se había convertido en el segundo mayor productor de petróleo del mundo, solo por detrás de Estados Unidos. En los años posteriores, el Estado venezolano comenzó a reformar el marco legal para incrementar su participación en las ganancias, hasta llegar a la nacionalización total en 1976 con la creación de Petróleos de Venezuela (PDVSA).
El papel de Chevron
A pesar de las sanciones, la relación energética entre ambos países no está completamente interrumpida. La petrolera Chevron mantiene operaciones en Venezuela gracias a una licencia otorgada por el gobierno estadounidense, la cual fue renovada con modificaciones por la administración Trump.
Actualmente, Chevron participa en una empresa mixta con PDVSA, que representa cerca del 10 por ciento de la producción petrolera venezolana. Sin embargo, bajo las nuevas condiciones, la compañía solo puede exportar el 50 por ciento de su participación, mientras que el resto queda bajo responsabilidad de Venezuela.
La empresa ha reiterado que sus operaciones se realizan en estricto cumplimiento de la legislación estadounidense y de los regímenes de sanciones vigentes, manteniéndose como un canal regulado de actividad energética en el país sudamericano.
Una estrategia de largo alcance
Con estas acciones y declaraciones, el gobierno de Estados Unidos refuerza su postura de firmeza en defensa de sus intereses económicos, energéticos y de seguridad nacional, utilizando el marco legal e histórico para justificar su política hacia Venezuela.
El enfoque de la administración Trump apunta a presionar por cambios estructurales, mientras mantiene abiertos canales estratégicos y regulados que permitan proteger intereses estadounidenses clave en el sector energético internacional.
