El destino de Aguakán estaba sellado desde hace tiempo, pero faltaba la última señal desde Palacio Nacional. La semana pasada, el gobierno de Quintana Roo, a través de la secretaria de Gobierno, Cristina Torres, dio el golpe final al presentar nuevas denuncias contra la concesionaria, exhibiendo una serie de irregularidades sanitarias, financieras y ambientales que evidencian el daño que causó durante décadas.
El anuncio no fue casualidad. Poco antes, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció en su conferencia matutina contra la concesión, subrayando que el agua no debe ser un negocio de unos cuantos. Con ese espaldarazo, la salida de Aguakán se volvió inevitable.
La empresa se quedó sin margen de maniobra, mientras sus directivos enfrentan acusaciones de lavado de dinero relacionadas con los más de millones de pesos que el gobierno de Roberto Borge utilizó para comprar la voluntad de la XIV Legislatura, cuyos diputados, a cambio de su tajada, extendieron la concesión hasta 2053 y la ampliaron a Solidaridad. Muchos de esos legisladores hoy se pasean con la bandera de la 4T, reciclados en Morena y el PVEM.
El gobierno de Mara Lezama ha sido contundente en su estrategia legal para revocar la concesión. Auditorías técnicas y financieras sacaron a la luz la corrupción detrás de Aguakán: cobros excesivos, un servicio deficiente, contaminación del manto freático, abuso en la venta de pipas y un suministro de agua fuera de norma. La FGR encontró elementos para proceder penalmente contra ex funcionarios y directivos, y un juez federal ya giró órdenes de aprehensión.
Acorralada, Aguakán finalmente aceptó entregar la concesión antes de tiempo, pero con condiciones: exige un proceso “justo y equitativo” y una indemnización “conforme a la ley”. En otras palabras, buscan asegurar su última tajada antes de marcharse.
Este desenlace también deja una lección política: durante años, la promesa de “sacar a Aguakán” fue un eslogan recurrente en campañas electorales, una carnada eficaz para atraer votos sin que nadie realmente moviera un dedo para cumplirla. Ahora que la concesionaria está de salida gracias a la combinación de litigio estatal y presión federal, los políticos deberán encontrar un nuevo villano para alimentar sus discursos.
La pregunta queda en el aire: ¿qué responsabilidad tienen aquellos que permitieron este saqueo? Mientras Aguakán acumulaba más de 17 mil millones de pesos en ganancias, los ciudadanos pagaban con sobreprecios, cortes de suministro y agua contaminada. Todo gracias a ese pacto entre empresarios y políticos que convirtieron un derecho humano en un negocio privado.
El adiós de Aguakán de Quintana Roo es inminente, pero su historia quedará como testimonio de cómo la corrupción y la impunidad pueden someter a un estado entero durante décadas.
