Por: Jorge Castro Noriega
El fiscal de Quintana Roo, Raciel López Salazar, lo dijo sin rodeos: el estado encabeza la lista nacional en “trata de personas”. No es un mérito ni un dato menor, pero sí una admisión honesta de una realidad que durante años se maquilló o minimizó.
Lo cierto es que, si esta industria del horror ha operado impunemente en bares, antros y centros nocturnos, no ha sido por casualidad: alguien en su momento la permitió.
Los números lo confirman. En 2024, 385 víctimas fueron rescatadas en Quintana Roo: 246 mexicanas, 84 extranjeras y 55 menores de edad. En lo que va de 2025, 73 personas han sido liberadas de redes de explotación en Playa del Carmen, Cozumel, Bacalar, Chetumal y Cancún. Solo en febrero, se abrieron 16 nuevas carpetas de investigación y, desde el inicio de la actual administración, la cifra total de rescatadas asciende a 432, entre ellas 66 menores de edad y 116 extranjeras.
Estos datos confirman lo que muchos sabían, pero pocos querían admitir: la “trata de personas” ha operado con absoluta normalidad en Quintana Roo, a plena vista de clientes y autoridades.
La pregunta obligada es: ¿cómo es posible que burdeles donde se explotaba a mujeres funcionaran sin que ninguna autoridad lo notara? La respuesta es incómoda, pero obvia: hubo complicidad. Funcionarios de los tres niveles de Gobierno miraron hacia otro lado, facilitando que estas mafias se instalaran y crecieran en el estado.
El reciente caso de Lix Verónica Novoa, detenida en Colombia por su participación en una red de “trata” con operaciones en México, es solo la punta del iceberg. Su modus operandi: enganchar mujeres con falsas ofertas de trabajo en Cancún y Playa del Carmen, es una muestra de cómo estas redes han utilizado la imagen de Quintana Roo como destino turístico de lujo para vender lo que en realidad es una trampa mortal.
Es innegable que las acciones recientes de la Fiscalía General del Estado han marcado un cambio. En los últimos meses, operativos conjuntos de la Sedena, Marina, Guardia Nacional y la Fiscalía Especializada han permitido desmantelar antros donde mujeres eran obligadas a prostituirse y despojadas de sus ganancias. Se han clausurado establecimientos, asegurado pruebas y detenido presuntos responsables.
¿Es suficiente? No, pero es un avance. Si Quintana Roo aparece hoy en primer lugar en incidencia de “trata”, que sea porque se está combatiendo de frente y no porque se sigue tolerando.
Pero la lucha no puede quedarse en rescates y clausuras. Se necesita ir al fondo, desmontar las redes de corrupción —criminales y oficiales— que permitieron que esta industria floreciera.
Erradicar la “trata” no solo es un deber moral y legal, sino una urgencia para proteger la imagen de un destino turístico de clase mundial como el nuestro.
El esfuerzo debe redoblarse. La justicia debe alcanzar, además de los explotadores, a todos aquellos que, durante años, permitieron que esto ocurriera ante sus ojos sin mover un dedo… o peor aún, siendo parte del negocio.
